Darío Ramírez
25/05/2017 - 12:00 am
Los medios, el gobierno y la violencia
La desaparición es un delito continuado, es decir, hasta que se encuentre el cuerpo de Adame la presión debería de seguir. Pero no, Adame no tenía la fama de Valdez (y no es responsabilidad de Valdez) ni los premios. Simplemente desde hace mucho hay un desdén por parte de los grandes medios a la violencia que viven periodistas que trabajan en lo local. Parecería que hay un acto clasista y discriminatorio al darle más peso a una desaparición (que no sabemos si es forzada) de un periodista o a un homicidio de otro periodista afamado.
Diez días han pasado desde el homicidio de Javier Valdez y no hay ningún tipo de avance en la investigación. Todo indica que seguirá la misma suerte que Regina Martínez y otros 105 periodistas asesinados en nuestro país. Pero eso sí, Peña Nieto afirma que redoblará esfuerzos para combatir la violencia contra la prensa. Y ese es el problema: los políticos creen que vale más hablar que dar resultados incuestionables.
A los pocos días del homicidio de Valdez, otro caso más de violencia contra la prensa: Desapareció en Michoacán Salvador Adame. El periodista michoacano es dueño de Canal 6TV. Su visión crítica de la gestión del alcalde de Múgica, dicen algunos, lo puso en un alto nivel de riesgo. Su caso no retumbó en la sociedad civil ni en los medios de comunicación. No hubo condenas de medios ni marchas para demandar que se presente a Adame con vida. El presidente no tuiteó nada sobre la desaparición de Salvador Adame. No hay tuit, no existes, parecería ser el lema de Los Pinos.
La desaparición es un delito continuado, es decir, hasta que se encuentre el cuerpo de Adame la presión debería de seguir. Pero no, Adame no tenía la fama de Valdez (y no es responsabilidad de Valdez) ni los premios. Simplemente desde hace mucho hay un desdén por parte de los grandes medios a la violencia que viven periodistas que trabajan en lo local. Parecería que hay un acto clasista y discriminatorio al darle más peso a una desaparición (que no sabemos si es forzada) de un periodista o a un homicidio de otro periodista afamado.
Lo que queda claro es que es inútil creerle al presidente. Sus palabras sobre el cambio radical dentro del gobierno federal para atender la violencia contra la prensa fueron únicamente mentiras. Rápidamente su “compromiso” se hizo agua.
Al cumplirse 10 días del homicidio de Valdez y una semana de la desaparición de Adame, más de 60 medios – vale anotar que los firmantes tienen líneas editoriales muy diferentes- publicaron un desplegado con un mansaje claro: ¡Basta ya!
“Hoy en México la impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad”…“Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México”…“Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos”, el desplegado conjunto, firmado por medios como Ríodoce, La Jornada, Televisa, TV Azteca, Animal Político, Grupo Reforma, El Universal, Nexos, Sin embargo.mx y El País, EFE, Cuartoscuro, El Financiero, Grupo Expansión y El Sur, entre otros.
Debemos reconocer que no es fácil sumar voluntades desde los medios para publicar un desplegado como el citado. En ese rubro es importante reconocer como una señal de esperanza de que las cosas –desde los medios- podrán comenzar a cambiar. El desplegado tiene importantes carencias, pero por un momento, hagamos caso omiso solamente para reconocer el esfuerzo.
Como la demanda de seguridad para ejercer el periodismo no se puede quedar en un comunicado es importante empujar acciones concretas desde los gobiernos y –muy importante- desde los mismos medios firmantes. El texto de los medios tiene una preocupante señal la cual tiene que ver con reducir la violencia contra la prensa al crimen organizado. De sostenerse dicha premisa sería una mala señal para avanzar con acciones efectivas para proteger a la prensa.
6 de cada 10 actos de violencia contra la prensa proviene de algún servidor público. Sí, hay actos de violencia contra la prensa por parte del crimen organizado. Presumiblemente en 8 de cada 10 actos graves (homicidio o desaparición) está involucrado directamente algún miembro del crimen organizado. Pero lo que debeos de tener muy en cuenta es que el problema de la violencia requiere de un análisis multifactorial para lograr respuestas que verdaderamente sirvan y cambien la realidad nacional. De lo contrario se apuntará el dedo solamente a un factor dejando de lado otro –la violencia desde el poder- que merma gravemente el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Señalar directamente que el perpetrador es un miembro del gobierno (pagado por recursos públicos) es un acto valiente y necesario. Desterrar desde el gobierno dichas prácticas, sancionarlas legal y públicamente, demostraría un compromiso real de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
El desplegado de los medios tendría que haber hecho referencia a Salvador Adame. No porque sea más importante que los otros 24 periodistas desaparecidos. Sino por una cuestión de temporalidad. Hace una semana desapareció Adame y debemos de demandar que se le encuentre con vida.
La vulnerabilidad con la que se hace periodismo en México no es producto de la soez negligencia gubernamental que tiene prácticamente el 100 por ciento de los casos en completa impunidad. El gobierno tiene su responsabilidad, sí. Pero también la tienen, y en gran medida, los mismos medios de comunicación. Los salarios, las condiciones laborales, el apoyo desde el medio al trabajo, implementar medidas de protección desde la redacción, en otras palabras, la negligencia para cuidar a su personal son solamente algunas de las razones por las que las mismas casas editoriales aportan a la vulnerabilidad.
Tienen más interés en bajar costos que en proteger a sus reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Los salarios míseros de reporteros y fotógrafos son una causa que debe de ser abordada directamente ahora que los medios firmantes (los más importantes en nuestro sistema de medios) han decidido alzar la voz para demandar más seguridad para los que ejercen el periodismo.
La seguridad para la prensa debe de ser integral. La solución no está únicamente en el Estado. Eso lo debemos de tener claro para cuando se abran los foros de discusión y se busquen soluciones duraderas.
La aparente unión gremial es una buena señal. Veremos de qué está hecha. Veremos qué tan real es. Veremos si es una cortina de humo o es el preámbulo para cambiar las cosas. Ya hay demasiados periodistas asesinados y desaparecidos para seguir siendo omisos, medios y gobierno.
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